Donald Trump, prorrogó hasta el próximo 31 de marzo dos decretos que suspenden la entrada en el país de muchos solicitantes de residencia permanente y otros trabajadores temporales.
Las medidas que renovó Trump fueron emitidas en abril y en junio, con el argumento de que la destrucción de empleos provocada por la crisis del COVID-19 ameritaba nuevas restricciones migratorias. Estas medidas fueron rechazadas por varios sectores empresariales en Estados Unidos. Sin embargo fueron aplicadas.
El primer veto, que fue emitido en abril, suspendía la emisión en el extranjero de permisos de residencia permanente, conocidos como «green cards» o «tarjetas verdes». Esta acción impide la reunificación familiar de los ciudadanos estadounidenses de origen extranjero o residentes permanentes en el país. Dentro de esta política solo los esposos extranjeros de ciudadanos estadounidenses o sus hijos menores de 21 años pueden acceder a un permiso de residencia permanente
El otro controversial veto, fue emitido en junio y congelaba la emisión de nuevas visas H-1B, diseñados para ciertos trabajadores cualificados, como los empleados en la industria tecnológica; entre otras.
La prohibición también afecta a los permisos de empleo H-2B, para trabajadores de los sectores hoteleros y de construcción, y los J-1, que son para investigadores y profesores de investigación y otros programas de intercambio de trabajo, como las becas o las niñeras.